CORTE POLÍTICA DE CONSTITUCIONALIDAD EN GUATEMALA

Por Mario Sosa

23 de mayo de 2013

Foto: confidencialcolombia.com 

Tal como se esperaba, en la Corte de Constitucionalidad empezó a concretarse la orden del Comité Coordinador de Asociación Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF-, para retrotraer, entrampar y, finalmente, anular la condena por genocidio contra Efraín Ríos Montt.

En su resolución del 20 de mayo, dicho tribunal ordenó retrotraer al 19 de abril de 2013 el juicio contra José Efraín Ríos Montt, gobernante de facto entre 1982 y 1983, y contra José Mauricio Rodríguez Sánchez, su jefe de inteligencia, con lo que invalidaron la sentencia en la cual, el primero de los mencionados, había sido declarado culpable de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad, y sentenciado a 80 años de cárcel.

Hoy, es claro, que la Corte de Constitucionalidad* se ha sumado institucionalmente a la protección de gobernantes de facto cuyas ejecutorias fueron criminales y genocidas. Bajo criterios como “ser el supremo interprete de la Constitución Política de la República”, “encargado de la defensa del orden constitucional”, “las resoluciones –de ahí emanadas- tienen plenos efectos frente a todos”, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad: Alejandro Maldonado Aguirre, Héctor Hugo Pérez Aguilera y Roberto Molina Barreto, quienes votaron a favor del recurso objeto de la resolución, pretenden que aceptemos y acatemos un fallo que indudablemente acuerpa jurídicamente a quienes cometieron actos de genocidio en el país, en este caso en contra del Pueblo Ixil. Pretenden que aceptemos un fallo que hace eco de la estrategia güisachera y falta de ética que ha venido desarrollando la defensa de los militares acusados y sentenciados, y que tiende a garantizar impunidad a otros militares -como el mismo presidente Otto Pérez-, acusados e implicados en crímenes durante el conflicto armado. Es un fallo que constituye un insulto contra las víctimas y un atentado contra un sistema de justicia en franco deterioro y desprestigio.

Atrás quedaron los años en que se creía que la Corte de Constitucionalidad era el órgano que garantizaba credibilidad al régimen imperante. Hoy, el descarado ejercicio de poder, ha revelado que su orientación emana desde quienes detentan el poder económico y político fundamental en el país y, consiguientemente, que su verdadero carácter es político antes que jurídico. Es decir, un órgano al servicio de intereses corporativos y fascistas, contrario a los intereses de bien común y justicia que formalmente garantiza la Constitución Política de la República de Guatemala. 

Es por todo ello que la Corte de Constitucionalidad ha pasado a convertirse en objeto de impugnación ciudadana. Organizaciones de víctimas del genocidio, de instituciones y organizaciones sociales, de derechos humanos, quienes se han sometido al orden jurídico para exigir justicia por masacres, asesinatos, violaciones sexuales, entre otros crímenes cometidos por el ejército guatemalteco, hoy acusan a la Corte de Constitucionalidad de actos de ilegalidad por haberse extralimitado maliciosamente en este caso. Esto porque contrariamente, la resolución de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad abona a la impunidad en el país y, con ello, hoy se ha ubicado en el mismo orden de organismos como el Congreso de la República, por demás cuestionados y desprestigiados.

Esta resolución de la Corte de Constitucionalidad, que se ha convertido en una corte política de constitucionalidad, ha generado evidentes consecuencias jurídicas y en materia de Derechos Humanos, denunciadas inclusive por los dos magistrados que votaron en contra de la misma. Las consecuencias políticas e institucionales producto del cuestionamiento ciudadano, que la observa como una Corte política al servicio del CACIF y de los genocidas, se determinarán seguramente en el curso de las próximas semanas y meses.

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* La Corte de Constitucionalidad, tribunal encargado de garantizar el orden constitucional, ha devenido en el órgano al cual acuden por cualquier asunto contrario a sus intereses, grupos corporativos, empresarios, políticos y, como en este caso, operadores jurídicos que intentan garantizar impunidad a sus defendidos después de haber sido hallados culpables por tribunal competente. Esto debido, como ha sido usual, a que la Corte de Constitucionalidad gesta la vigencia de una Constitución Política de la República (1985) que garantiza la continuidad del régimen económico y social imperante y que deviene de la política contrainsurgente instituida por el Estado guatemalteco antes y posterior a la aprobación de dicho instrumento jurídico-político.

http://mariososav.blogspot.com/2013/05/corte-politica-de-constitucionalidad-en.html

Primeras opiniones acerca del fallo de la Corte de Constitucionalidad

El día 20 de mayo, los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad resolvieron a través de un fallo, un ocurso de queja que presentó la defensa de Efraín Ríos Montt, según ellos porque no se respetó el debido proceso durante el juicio por Genocidio.

Ríos Montt, fue sentenciado por el Tribunal Primero A de Mayor riesgo dirigido por la Jueza Jazmín Barrios, a 80 años de cárcel por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad.

El fallo que la Corte emitió anula la sentencia y retrotrae el juicio hasta el 19 de abril de 2013, es decir que también anula o deja sin efecto lo realizado después de esta fecha. Sin embargo las voces de las y los sobrevivientes de Genocidio y peritos, siguen siendo fuertes y se mantienen vigentes, tanto para el juicio como para la memoria colectiva. 

Ante este fallo, dos defensoras de derechos humanos se pronunciaron:

Claudia Samayoa luchadora social, defensora de derechos humanos, coordinadora de la Unidad de Defensores de Derechos Humanos de Guatemala - UDEFEGUA.

“Eso no es posible desde el punto de vista jurídico, porque ya el tribunal conoció  y sentenció. Entonces lo que va a ocurrir es que tienen que nombrar a un nuevo tribunal , pero un nuevo tribunal no puede conocer un caso a mitad.“

“No es una decisión jurídicamente válida. Es una decisión, como han sido todas las de la Corte de Constitucionalidad, de güizache: mitad sí mitad no. Ellos no quieren tomar el costo de anular todo el juicio.“  

Iduvina Hernández, defensora de derechos humanos, directora de SEDEM. 

“Lo que  hacen en el fondo es asegurar la impunidad sobre el caso, es decir, atender lo que pide el CACIF. A partir de hora es cuesta arriba. Para empezar ya no puede conocer el tribunal que conoció el caso, por eso esperaron hasta la sentencia, porque habiendo emitido la sentencia, el Tribunal no puede volver a conocer.“ 

“Nos espera un empoderamiento  de los grupos neofascistas que se ha estructurado en Guatemala, la confirmación de la refundación de la alianza de la oligarquía con la contrainsurgencia militar de los años 70, renovada con el gobierno encabezado por un militar retirado que ha creado las condiciones para  la nueva acumulación de capital y de tierras por la vìa de la desposesión. Olas de represión al liderazgo social, criminalización de defensores y defensoras.“

http://comunitariapress.blogspot.com/2013/05/primeras-opiniones-acerca-del-fallo-de.html

Experto: Falta el juicio a la cúpula del poder oligárquico en Guatemala

Por Blanche Petrich - Guatemala, 14 de mayo de 2013

Se teme una represalia violenta por el proceso al ex dictador

www.latribuna.hn

El juicio y la sentencia condenatoria contra el ex dictador Efraín Ríos Montt en Guatemala toca por primera vez el alma de los perpetradores, los ejecutores. Pero deja sin juicio el alma negra de los autores intelectuales de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la guerra; las élites y el Estado, la cúpula del poder oligárquico, señala en un amplio análisis el experto en temas militares y de seguridad nacional Héctor Rosada-Granados.

Sostiene que igual de importante que fue el fallo que declaró culpable de genocidio al militar que gobernó uno de los periodos más sangrientos en la historia de este país –de por sí cruzada por la violencia– fue la orden que emitió la juez Jazmín Barrios para que el Ministerio Público continúe la investigación judicial contra cualquier otro implicado en hechos de esa naturaleza.

Y esto es lo que hace de este proceso un paso paradigmático y profundamente simbólico para Guatemala y el mundo. El país –añade– demostró que, a pesar de los antecedentes graves sobre la debilidad de su aparato judicial, es capaz de proporcionar justicia a sus ciudadanos.

Pero advierte que, al mismo tiempo, abre un compás muy peligroso, porque en la cúpula se reagrupó el pacto oligárquico que, como era de esperarse, reacciona con odio. Temo que estos días estamos viviendo una nueva oleada anticomunista; precisamente ahora, cuando ya no hay subversión, ni insurgencia ni comunismo. Temo que vamos a ver represalias violentas. Si lo están diciendo ellos, es porque están dispuestos a ejercerla.

Rosada-Granados encabezó la delegación gubernamental en las negociaciones de paz que culminaron en 1996. Sociólogo y antropólogo, ha hecho del estudio de las fuerzas armadas de su país el eje de sus investigaciones; la más reciente es su libro Soldados en el poder, el proyecto militar en Guatemala (1944-1990). En 1997 fue llamado para hacer un diagnóstico interno sobre la situación de la institución castrense.

Fue cercano al poder y asesor, incluso amigo de militares. En su calidad de negociador, tuvo acceso a información interna de Inteligencia Militar (D-2) y el archivo (donde se registraron las órdenes y decisiones más secretas de la guerra). Durante el juicio del caso ixil fue convocado por la representación de las víctimas. Su peritaje analizó la cadena de mando que funcionó desde la presidencia de facto hasta los operativos de campo y demostró que en el lapso que gobernó Ríos Montt se pasó de una guerra contrainsurgente a una contra la población civil, que llegó a ser considerada como el enemigo en los planes doctrinarios y operativos emanados desde la jefatura de Estado. El dictamen del tribunal basó parte de sus conclusiones en lo que sostiene este peritaje, que demuestra el genocidio por la frecuencia, repetición y masividad de los actos brutales.

Rosada Granados no es el primero que advierte que el juicio puede conducir a una confrontación. Cinco personajes claves en los acuerdos de paz firmaron un controvertido desplegado en el cual calificaron el proceso penal como una traición a la paz, que divide a Guatemala. Entre los firmantes hay tres ex delegados del gobierno en las negociaciones, Gustavo Porras, Raquel Zelaya y Richard Aikenhead, el ex guerrillero Andrés Zapata (Porras también lo fue) y el analista Eduardo Stein.

El investigador los critica duramente: Rigoberta Menchú los caracterizó magistralmente: intelectuales hipócritas. Para no enfrentar a la ultraderecha se aglutinan en torno a una posición que significa: dejemos las cosas como estaban antes de la guerra. Siendo negociadores de la paz, dan un paso atrás, como si el Acuerdo de Paz no existiera.

Ese acuerdo estableció la finalidad de lograr la reconciliación de la sociedad guatemalteca. Yo me opuse a usar ese término porque no puede hacer reconciliación donde nunca hubo conciliación. Eso es algo que se tiene que construir. Y precisamente, se puede construir a partir de ahora.

Cita, por lo tanto, palabras del obispo Juan Gerardi, quien encabezó los trabajos de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y que fue asesinado dos días después de presentar su informe, hace 15 años: Decía: si quieren la paz, busquen la justicia.

En el informe de la CEH, en 1999, se habló por primera vez de genocidio. ¿Y porqué? Porque lo hubo.

Los grupos que reaccionan virulentamente contra la sentencia van desde los niveles más humildes, familias de ex Patrulleros de Autodefensa Civil (que fueron forzados a actuar como paramilitares) y familias de militares retirados de bajo rango, mandos medios organizados en la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) hasta los más poderosos, las familias oligárquicas representadas en el CACIF y grupos de extrema derecha como la Federación contra el Terrorismo.

Esta última publicó, en el último mes, tres extensos suplementos que circularon como encartes en El Periódico. Ahí reviven los ataques contra líderes civiles y defensores de derechos humanos, a quienes asocian con la guerrilla. Uno de sus editoriales resume: La farsa del genocidio tiene como intención debilitar al ejército y a las fuerzas de seguridad del Estado, quebrando su moral y espíritu de lucha ante el ataque de las ordas (sic) neomarxistas.

Rosada interpreta: Esos sectores no tienen miedo, tienen pavor, porque tienen la conciencia sucia. Y porque no están acostumbrados a que los cuestionen ni a perder ante los débiles, mucho menos si son indígenas. Entre ellos incluyo al presidente Otto Pérez Molina.

Los cuatro efectos del juicio histórico

Académico al fin, el también presidente del Centro de Estudios Estratégicos en Seguridad para Centroamérica (CEESC) enumera los cuatro efectos que tendrá el proceso en la vida política y social del país. Todos, asegura, son preocupantes.

Primero, en la redefinición en las fuerzas armadas. El tema del genocidio les devolvió la unidad de cuerpo que perdieron con el fin de la guerra. Se unieron los rudos y los rambos con los institucionales. Desde que se firmó la paz hubo fricciones entre armas y niveles de la fuerza armada porque se sintieron ninguneados por los sucesivos presidentes en la posguerra. La reconstrucción del espíritu de cuerpo ocurre ahora, cuando el ejército ha vuelto a ser actor político.

Segundo: En la sociedad han resurgido formas de pensar del pasado, el lenguaje que decía enemigo por nombrar al otro, al diferente, al indio. Ese racismo nunca lo logramos superar, ni después de la firma de la paz.

Tercero: La recomposición del pacto interoligárquico. En los últimos años las élites, los ricos de antaño, los de las fincas, los nuevos ricos, los poderosos, la banca, acusaron varias rupturas. Pero esa confrontación ahora queda superada porque nuevamente tienen frente a sí lo que entienden como el enemigo común.

Y cuarto: Este me gusta, pero me preocupa. Se está aglutinando el movimiento indígena, se está viendo su fuerza. Lo que vimos estos años fueron apenas segmentos de una diversidad étnica, 24 expresiones distintas, que ahora encuentran un punto común. El indio vivió en situación de sumisión desde la colonia. Esto no cambia hasta que en 1993 una indígena (Menchú) gana el Premio Nobel de la Paz. Entonces empezamos a pensar, como sociedad, en lo indígena. El mejor de los 17 acuerdos de 1996 es el de la identidad y los derechos indígenas, porque por primera vez pusimos en blanco y negro el concepto de pueblo maya. Ahora, con este juicio, se abre otra etapa, porque se reconoce lo que se les hizo a un pueblo. Ellos tuvieron el valor de ir a decirlo a un tribunal, que significa que además han perdido el miedo de hablar, 30 años después.

–Después de la sentencia, ¿qué sigue?

–El día que estuve en la sala del tribunal vi miradas y reacciones de odio. Eso es tremendamente complicado. Es de esperar que parte de los guatemaltecos, aunque sea pequeña, entienda que la única manera como se puede seguir construyendo el país es aceptando que las equivocaciones fueron mutuas.

Pero el juicio tiene un enorme potencial. Por primera vez estamos visualizando a los actores de un hecho genocida por el papel que desempeñaron. Falta identificar a la fuente, al autor intelectual. Es decir, las élites del poder. De ahí su miedo y su odio.

Fuente: www.jornada.unam.mx

 http://www.albedrio.org/htm/articulos/b/bp-002.html

LA JUSTICIA TARDA PERO LLEGA. 80 AÑOS DE PRISIÓN PARA EFRAIN RÍOS MONTT

Por Andrés Silva

Foto: eltiempolatino.com

Guatemala es un hermoso país de Centro América, en donde mas del 70% de su población es indígena y campesina. Pero a pesar de eso la población indígena y campesina es y ha sido victima de sistemáticos ataques por parte de los sucesivos gobiernos que se alternan el poder.

Cuando uno llega a Guatemala tiene dos opciones, una de ellas es conocer lugares históricos que forman parte de un circuito que hace parecer que todo esta bien y que cuando uno se va le queda la linda sensación de haber podido estar en los lugares en donde vivieron los Mayas. La segunda opción es adentrarse a las comunidades indígenas en donde aun viven los Mayas para compartir con ellos su forma de vivir, sus dolores y sus luchas.

En aquellas tierras de Centro América, un 20 de Octubre de 1944 llegaba al gobierno Juan José Arévalo dando comienzo a la revolución de Octubre, en donde por primera vez en la historia de aquel país un Presidente reconocía los derechos de la población indígena y campesina, quienes hasta ese momento seguían siendo los esclavos de la oligarquía guatemalteca y de los invasores yanquis y europeos. Este fue un periodo de grandes cambios para Guatemala, sobre todo en materia de leyes laborales, Ministerio encabezado por Alfonso Bauer Paiz, a quien tuve el gusto de conocer.

Luego en 1951 asume la Presidencia de Guatemala Jacobo Arbenz quien siguió en el camino de la revolución impulsando grandes cambios y gobernando con el pueblo. En este periodo los cambios mas importantes fueron con respecto a la tierra y es así que se impulsa desde el gobierno la reforma agraria que repartía las tierras ociosas entre los campesinos sin tierra, terminando de esta forma con el latifundio en aquel país.

En este proceso es que se le expropian miles y miles de hectáreas a la United Fruit Company, tierras que la empresa se había apoderado de forma ilícita y que estaban ociosas. Esto provocó que el Director de la United Fruit Company le planteara a la CIA una operación para derrocar el gobierno revolucionario del Presidente Jacobo Arbenz. Cabe resaltar que el Director de la CIA de aquel momento era el primo del Director de la United Fruit Company.

El plan se puso en marcha y solo faltaba elegir quien seria el hombre que tomara el poder, cosa que no fue fácil y después de muchas propuestas y contra-propuestas el Director de la United Fruit Company encontró lo que buscaba, el mercenario Castillos de Armas seria el encargado no sólo de dirigir junto a la CIA la invasión a Guatemala, sino que seria quien asumiría el poder una vez logrado el objetivo allá por 1954.

A partir de ese momento Guatemala entrara en un periodo de conflicto que en 1961 desatara una guerra interna que durara hasta 1996, 35 años de guerra en los cuales los golpistas desataron desde el gobierno de facto una tremenda represión a la población guatemalteca y especialmente dirigida a la población indígena y campesina quien ademas de ser obligada a dejar sus tierras fue victima de un genocidio, perpetrado por el ejercito guatemalteco dirigido por el General Efrain Ríos Montt, quien en el año 1982 toma el poder hasta el año 1983. Efraín Ríos Montt es quien ideó y dirigió la operación tierra arrasada que dejo 180.000 muertos y a más de 45.000 desaparecidos.

La impunidad existente en Guatemala seguiría instalada incluso luego de firmados los Acuerdos de Paz en el año 1996 por parte del gobierno y la Unión Revolucionaria Nacional guatemalteca (URNG). Siguieron las persecuciones, se le siguieron robando las tierras a las comunidades, en las cárceles comenzaron a haber presos políticos como el caso del líder campesino Ramiro Choc quien sigue preso por luchar por los derechos de las comunidades y mientras tanto en el senado chocaba ver al genocida Efraín Ríos Montt haciendo gala de su impunidad.

Hoy 10 de Mayo de 2013 en un juicio que se venia postergando desde hace tiempo, el genocida Efraín Ríos Montt fue juzgado finalmente luego de escuchar los alegatos de las victimas que lograron sobrevivir al genocidio, alegatos totalmente desgarradores que uno no imagina que una persona sea capaz de hacer tales atrocidades contra otra persona, atrocidades tipificadas como crímenes de lesa humanidad.

Pero hoy el genocida fue encontrado culpable por genocidio y crímenes de guerra y condenado a 50 años de prisión por delito de genocidio en calidad de autor y 30 años por crímenes de lesa humanidad. Se hizo justicia pero falta terminar con la impunidad que aun hoy reina en ese hermoso país de Centro América, en donde el actual Presidente Otto Perez Molina tendría que responder ante la justicia por los mismos delitos que Ríos Montt.

La justicia tarda pero llega, y ojala pronto se siga haciendo justicia con las mas de 200.000 victimas del genocidio.